jueves, 22 de mayo de 2008

Macri: La vivienda es un derecho, no un negocio

Más de 500 mil personas carecen de vivienda. Múltiples organizaciones socialesjunto a vecinos vienen realizando una serie de actividades de denuncia por falta de cumplimiento de la ley que permite acceder a créditos por emergencia habitacional.
Por ANRed - FR ( redaccion@anred.org )
En la Ciudad hay 500 mil personas sin vivienda propia (entre inquilinos, hoteles, pensiones, villas, asentamientos, casas ocupadas, conventillos, etc.)
La problemática habitacional viene agravandose debido al torrente de desalojos, la especulación inmobiliaria y la falta de cumplimiento de la Ley de esta gestión.

Un intento de darle solución a este déficit habitacional fue la sanción de la Ley 341 en el año 2000 impulsada por las organizaciones sociales, con la finalidad de permitir a los vecinos organizados colectivamente o de manera individual, que estuvieran en condiciones de emergencia habitacional, el acceso a créditos para la realización de sus viviendas únicas y definitivas.

Las cooperativas de vivienda agrupadas en la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento de la operatoria Ley 341 (CCES), inscriptas en el Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular del Instituto de Vivienda de la Ciudad, iniciaron el lunes 12 de mayo una nueva actividad en denuncia por las irregularidades en el cumplimiento de la operatoria.
Al mediodía se realizó un acampe a las puertas del edificio del IVC, sito en Perón y Pellegrini. Allí se instaló una mesa de difusión con un petitorio para recolectar firmas de apoyo de los vecinos y ser presentado ante la Legislatura porteña. Durante las jornadas de protesta se reunieron 4000 y se repartieron volantes informativos.

Las organizaciones vienen denunciando, desde hace meses, la paralización y el desfinanciamiento del Programa, por medio de marchas, entrega de volantes, escraches a funcionarios, gestiones ante el IVC, Legislatura porteña, Defensoría del Pueblo, etc.
Las irregularidades se centran en:
El cierre arbitrario de la inscripción al programa. La negativa a comprar terrenos (para 290 organizaciones) La falta de pago de certificaciones de obra (a 33 cooperativas que están en etapa de construcción) El no inicio de las obras (de 62 proyectos) La distorsión de la Ley por su actual reglamentación, que provocó,entre otras cosas,la apropiación de los terrenos de 13 cooperativas por el IVC.

"Esperamos que el IVC cumpla con la ley y otorgue los créditos previstos para financiar las cooperativas de vivienda. Que compre los terrenos que necesitan las cooperativas, que paguen los certificados de obra y que inicien las obras de las cooperativas que ya cumplieron con todos los requisitos que pide el IVC para poder tener una vivienda digna. No estamos pidiendo un subsidio, no queremos que nos regalen nada, solo pedimos que cumplan con la ley y den los créditos para las cooperativas" manifestó Paula, cooperativista del MOI-CTA.

La medida se desarrolló durante 105 horas ininterrumpidas, culminando el viernes 16 de mayo, con una asamblea de la CCES donde se determinaron las actividades para dar continuidad al reclamo. Inicialmente se acordó:
Continuar con la campaña de difusión y recolección de firmas. Presentación del petitorio a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuidad de la modalidad de acampe como herramienta de denuncia a partir de lunes 26 de mayo.

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