Las villas porteñas de mal en peor

DENUNCIAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL IVC

Por Lucas Schaerer para Prensa De Frente- La gestión de Mauricio Macri transfirió funciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a Corporación del Sur saltando una ley, desconoce la estructura interna de las gerencias en el Instituto y su responsable, el ex empresario de IRSA Roberto Apelbaun, mantiene en el cargo a un gerente denunciado penalmente por malversar fondos destinados a dos comedores comunitarios y por entregar agua no apta para consumo humano a los ex habitantes de Villa Cartón.

Incumplir leyes, no ejecutar presupuesto, construir mal, mantener a funcionarios denunciados penalmente y no responder amparos por derecho a la información, es la política que hereda, y promueve la gestión del multimillonario Mauricio Macri en el corrompidísimo Instituto de Vivienda de la Ciudad, para muchos semejante al PAMI de los noventas.

De la gestión IVC 2007, que este Gobierno se empecina en empeorar, da cuenta un extenso informe que elaboraron a lo largo de un año la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados - Programa de las Américas (COHRE, por sus siglas en inglés).

La abogada que coordina el equipo de villas en ACIJ, Luciana Bercovich, manifestó que "sigue siendo ineficiente el IVC. Hace seis meses que asumieron y no hay una política clara para las villas. La ley 1251 marca que el IVC está encargado de la política habitacional, y hace semanas el Gobierno firmó un convenio para traspasar funciones del IVC a Corporación del Sur. Este convenio es infrailegal, la ley sigue primando".

Hace dos semanas el macrismo presentó en la Legislatura su proyecto de ley para reformular la normativa que da cuenta de las tareas del Instituto. "Igualmente el IVC ya se deshizo en los hechos de las villas violando la ley", expresó Bercovich.

Este medio averiguó como será la política macrista con las barriadas pobres.

Por un lado, la Unidad de Gestión Especial, en el Ministerio de Producción, para resolver la emergencia y los servicios. En tanto que la construcción de viviendas en las villas será realizada vía Corporación del Sur. La excepción son las villas del norte de la Ciudad: la Villa 31, con problemas dominiales ya que depende de Nación, y Rodrigo Bueno (ubicada junto a la Reserva Ecológica). El titular del IVC, Roberto Apelbaun, dijo que con esas villas se "mantendrá" la política. Esto quiere decir que continuará la misma omisión de los gobiernos progresistas, que significa para miles la imposibilidad de hacer a tendidos de servicios básicos y una vivienda digna.

Retomando al informe de las ONG's y comparando con lo que la abogada representante de ACIJ vio y escuchó este lunes 5 de mayo en una audiencia con el máximo responsable del IVC, el ex directivo de la constructora IRSA, Apelbaun, se puede entender que casi nada cambió en el Instituto de la corrupción.

"Apelbaun no supo responder cuántas gerencias tienen", comentó Bercovich. Éste dato se asemeja a las anteriores gestiones, dieron cuenta desde el ACIJ y el COHRE, así como también "la Auditoría, que sacó un informe del 2006 que relata lo mismo que nosotros, falta de transparencia y estructura deficiente".

Uno de los puntos de coincidencia entre las gestiones de perfil progresista y la actual de derecha es la presencia de un gerente del IVC denunciado penalmente por corrupto.
El funcionario Hugo Campos, que la semana pasada estuvo a cargo del censo en el centro de evacuados de Parque Roca, fue denunciado penalmente por el juez porteño Andrés Gallardo, en el marco del amparo por los habitantes del ex asentamiento Villa Cartón reubicados en el parque municipal.

Campos es responsable, tal como afirma la documentación aportada a la causa que debe investigar el fiscal Martín López Perrando, de dos comedores comunitarios que no se habían construido pero por los que sí se pagaron (en ello se gastaron poco más de 160 mil pesos) y además de la entrega de agua no apta para consumo humano en el asentamiento antes nombrado, como verificó una pericia ordenada por el juez porteño.

Los números que no cierran
En el presupuesto 2007 se destinaron al IVC (en ese momento auto intervenido) 211 millones de pesos, unos 80 millones de pesos eran para las villas.

Según cálculos oficiales, para urbanizar las 14 villas reconocidas, esto sin nombrar la decena de asentamientos, es necesarios unos 4650 millones de pesos. Al ritmo que se construye se necesitarían 84 años, esto sin tener en cuenta que en los últimos cuatro años la población en villas se incrementó en un 30 por ciento.

Ivc aguantadero empresarial y punteril

El IVC además de planificar la política habitacional de los capitalinos debe controlar a las empresas privadas que brindan servicios en las villas (por ejemplo quienes limpian las cloacas y sumideros), y regula los recursos materiales que asisten la emergencia.

Los derechos políticos son otra de las tareas del IVC, y gracias a ello desde donde da vida al clientelismo al mejor estilo conurbano bonaerense. El instituto de la corrupción tiene el poder de convocar a elecciones de Juntas Vecinales, designar autoridades de mesa, confeccionar padrones, realizar los censos y financiar las campañas villeras.

La intervención judicial en tres villas de la Ciudad (Villa 20 de Lugano, Los Piletones en Soldati y la Villa 21-24 en Barracas, próxima a elecciones) dejó en evidencia que el IVC manejó de manera punteril la asistencia a los vecinos y al no convocar a elecciones beneficiando su relación con dirigentes, como Marcelo Chancalay de Lugano.

Detalles del informe

Desde el 2007 hasta hora en el Gobierno de la Ciudad nadie puede responder la cantidad de gerencias existentes en el Instituto de Vivienda, las tareas y normativa de las gerencias y que gerencia aborda la problemática de villas y asentamientos. Ésta información fue solicitada por la ONG ACIJ, que además durante el 2006 presentó 20 pedidos de informes ante el Instituto que sólo respondió el 30 por ciento, y algunos se contestó por haberse iniciado causas judiciales, que reclaman el derecho a la información.

Las quejas de los vecinos no fueron menores. En el 2006 más de 10 mil personas se molestaron para reclamar, consultar y denunciar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad al Instituto de Vivienda.

Ahorrar el gasto social
La no ejecución de presupuesto entre 1994-2004 varía entre el 33.8 por ciento (para 1996 en su momento CMV) y llegó a su pico máximo de no gastar en su 73.5 por ciento (2001) En el año 2005 los funcionarios no ejecutaron poco más de 110 millones de pesos. En ese año el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales, a cargo de Daniel Sicigliano, presentaba una exigua ejecución del 10 por ciento.
Se destaca también la falta de transparencia en el sistema de licitación y adjudicación de obras que "siempre las ganadoras de las licitaciones son las que el IVC promueve". Igualmente el informe de las ong's no detalla que empresas son.

Pozos ciegos y espacios verdes
El servicio de red cloacal mantiene pozos ciegos, prohibidos por ley, que deben ser desagotados por camiones atmosféricos y cisternas que IVC realiza a través de la empresa Ashira S.A. La tercerización costó en el año 2006 seis millones de pesos. Casi no hay plazas en las villas y ACIJ en el caso de la Villa 31, el sector llamado bis, intervino para la construcción de una plaza. El IVC respondió no asume la tarea de los espacios verdes.

Las leyes por villas
La villa del Bajo Flores cuenta con una ley para la creación de una Mesa de Planeamiento Participativo, que debe elaborar y ejecutar el plan de urbanización. Durante seis años se prorrogó la norma sin poder resolver problemáticas de fondo. El barrio Ramón Carrillo, en Soldati, destinado a los habitantes del demolido Albergue Warnes, por ley el Ejecutivo porteño debe adecuar su infraestructura, esto es, red de desagüe cloacal, pluvial, red de energía eléctrica, de gas, repavimentación, veredas y red de alumbrado público. Nunca se cumplió con la ley. Ante ello un par de vecinos iniciaron una causa judicial en el Fuero Contencioso de la Ciudad, donde además se denunció que el suelo cuenta con una importante cantidad de mercurio. En el caso de la Villa 20 de Lugano nunca se realizó la audiencia pública como obliga la ley 1770 por obras, diseño del barrio y el saneamiento del suelo en el predio recuperado a la Policía Federal conocido como "el cementerio de autos". Los títulos dominales aún están pendientes para los barrios Presidente Rivadavia I y II, Soldati, Piedra Buena, presidente Illia, Mariano Castex, Cardenal Samoré, entre otros, lo cual suma un universo de 50 mil personas.

La falta de vivienda estable preocupa a 500 mil porteños, un arco que incluye a sectores de clase media y la clase baja. Este universo, por cifras oficiales, alcanza a quienes pagan mes a mes los incrementados y descontrolados alquileres, aquellos que apenas pueden alcanzar los inquilinos y hoteles de paso, como a los excluidos de las villas y asentamientos de la Ciudad más rica del país.

Fuente: www.prensadefrente.org