Los despedidos denunciaron la extorsión de Yasky
El Gobierno ha confirmado el despido de trece trabajadores del INDEC. El ataque fue disimulado bajo la forma de un "traslado" de los cesanteados al Ministerio de Economía. Pero será sólo por un año, y "todavía se desconocen los puestos que les van a ofrecer y las áreas" (Ambito, 12/11). Mientras tanto, las interventoras del INDEC están reemplazando a estos trasladados –y a otros técnicos desplazados- por elementos adictos.
El gobierno ha logrado dar un paso estratégico para su "Pacto Social", que sustentará sobre las cifras truchas del INDEC y sus proyecciones.
Extorsión a los despedidos
Los nuevos despidos pusieron de manifiesto el fracaso del "acta acuerdo" firmada por ATE y CTA con el Gobierno semanas antes de las elecciones: las promesas de "levantamiento de las sanciones" terminaron en despidos, apenas pasados los comicios. Este fracaso, sin embargo, no sirvió para que estas direcciones gremiales ensayaran un viraje. En cambio, le plantearon a los despedidos de que no había nada para hacer y que, en estas condiciones, lo mejor sería aceptar los traslados para preservar los puestos de trabajo. Ahora, ni siquiera esto está garantizado: ATE le entregó la suerte de los cesanteados a la fracción de Peirano, en momentos en que ella está por abandonar el Gobierno.
Los traslados fueron aceptados en una confusa asamblea, donde, en realidad, se impuso la abstención. Lo que determinó el desenlace de la asamblea fue la lectura de una carta de los cesanteados, donde aceptaban la "solución" del traslado. Pero como lo reconocieron varios de ellos, fue el mismísimo Yasky quien promovió que los despedidos aceptaran la propuesta oficial. Para eso, les dijo que si rechazaban la indigna oferta del gobierno, ni la CTA ni ATE responderían por ellos. Una lisa y llana extorsión. Primero a los despedidos, y luego a la propia asamblea.
Ahora qué
El traslado de los compañeros constituye un golpe al activismo de la Asamblea del INDEC, al mismo tiempo que da vía libre a mayores manipulaciones y nuevos ataques a los trabajadores.
Apenas cerrado el conflicto, se agudizó la crisis política entre Peirano y Moreno. Un sencillo "no" a los despidos encubiertos del INDEC hubiera empalmado con ella. Con su aceptación a los traslados, ATE es fiel a una línea de capitulación permanente que excede, incluso, su afiliación con tal o cual fracción del gobierno.
La relación de fuerzas entre los trabajadores del INDEC y el Gobierno se mide con la vara de la crisis política, y no sólo por las capitulaciones de su dirección sindical. La crisis del INDEC continúa en la cresta de la ola. En ese cuadro, sigue planteado un frente de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas en defensa del INDEC y por la reincorporación de los trabajadores despedidos.
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