Vecinos de ciudad oculta advierten posible desalojo.

(AW) Son alrededor de 90 familias dentro de las cuales hay 96 menores, quienes serían desalojados.

Más de 90 familias, integradas por 301 personas -96 menores de 18 años- serán desalojadas de sus viviendas el próximo miércoles por el gobierno nacional en el marco de un operativo de erradicación del asentamiento ubicado dentro de "Ciudad Oculta", situado en la calle Santander entre Av. Argentina y Lisandro de la Torre, del barrio porteño de Villa Lugano.

La ejecución de la medida, sin la previsión de una alternativa habitacional permanente para estas familias, implica no sólo una violación al derecho a una vivienda digna, sino de todos los derechos cuyo goce efectivo presuponen un lugar donde habitar (educación, salud, trabajo, entre otros).

En este sentido, y teniendo en cuenta la proximidad de la finalización del período escolar, la no suspensión del desalojo o la relocalización inmediata de las familias en un lugar alejado al que habitan, son igualmente una amenaza a la posibilidad de finalización del año lectivo por parte de los menores contra los que se ejecuta la medida.

La orden de desalojo, como medida cautelar, ha sido dictada en el marco de una causa penal por "usurpación" iniciada por el Club Albariño -a quien el Estado le cedió el uso del espacio- y el Organismo Nacional de Administración de los Bienes del Estado (ONABE).

De esta manera, el propio Estado a través del ONABE, resulta ser quien impulsa el desalojo, en total contradicción con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Por eso nosotros, el Grupo de Apoyo Jurídico Gratuito de Ciudad Oculta repudiamos la medida adoptada y la forma en que la causa fue llevada a cabo desde su inicio hasta el día de la fecha.

Es de público conocimiento, que la violencia que acarrean los desalojos forzosos llevados a cabo por la fuerza pública, además de vulnerar los derechos de las personas afectadas, pueden generar consecuencias graves para su integridad física y psíquica. Por esta razón, realizamos el presente comunicado de prensa a fin de difundir la inminente acción de desalojo que indefectiblemente producirá la vulneración de derechos fundamentales de un grupo de la población que, debido a la desidia del Estado, encuentra sus necesidades básicas insatisfechas.

La resolución ha sido apelada y está en manos de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II la posibilidad de suspender o revocar la decisión de desalojar el predio.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH